La situación en la empresa IDM, ubicada en la Ruta Provincial N°10, atraviesa un momento crítico. Este lunes, unos 120 trabajadores autoconvocados se concentraron frente al establecimiento para visibilizar un conflicto que, según sostienen, se arrastra desde hace meses y mantiene a decenas de familias sin ingresos ni cobertura médica.

Carlos, delegado sindical con casi 30 años de antigüedad en la firma, explicó en diálogo con el medio local MDR que la problemática “viene de larga data” y se agravó con suspensiones, caída de la producción y, finalmente, la interrupción en el pago de salarios. De acuerdo a su testimonio, algunos empleados no perciben sus haberes desde octubre o noviembre de 2025.

“Hoy estamos haciendo malabares para sobrevivir. Hay compañeros trabajando de albañiles, haciendo changas o manejando Uber para poder sostener a sus familias”, afirmó.

Sin salarios ni obra social

Además de la deuda salarial, los trabajadores denunciaron la falta de pago de aportes, lo que derivó en la suspensión de la obra social. La situación impacta especialmente en familias con tratamientos médicos en curso o con hijos que requieren atención permanente.

“Tenemos tarjetas bloqueadas, servicios por vencer y compañeros al borde del desalojo. No tenemos más recursos”, señalaron durante la manifestación.

Si bien continúan formalmente vinculados a la empresa, aseguran que no reciben tareas ni ingresos, lo que los deja en un escenario de absoluta incertidumbre. “No nos despiden ni nos dan trabajo. Estamos a la deriva”, resumieron.

Según detallaron los delegados, en una audiencia realizada la semana pasada en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la firma habría comunicado que la planta permanecería cerrada durante diez meses y que se convocaría a los empleados de manera individual para analizar cada situación laboral.

Mientras tanto, los trabajadores reclaman el pago inmediato de los salarios adeudados y precisiones concretas sobre el futuro de la compañía.

Supuesta venta y falta de información

El conflicto se complejiza ante la presunta venta del 80% del paquete accionario a un grupo inversor identificado como Caterina Group. Según denuncian, hasta el momento no hubo una presentación formal ni información oficial por parte de los nuevos propietarios.

“La única persona que nos atiende es un intermediario que transmite lo que dice la empresa. Todo se maneja por WhatsApp y nadie da la cara”, cuestionaron.

Los empleados también vinculan la crisis con la falta de inversiones y con dificultades en habilitaciones ambientales y operativas que la planta habría enfrentado en los últimos años.

La protesta se desarrolló de forma pacífica y sin cortes de tránsito. Los trabajadores aseguran que su único objetivo es obtener respuestas claras que les permitan planificar su futuro. En los próximos días esperan una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, con la expectativa de que se destrabe un conflicto que ya dejó a más de un centenar de familias en una situación límite.