Tras una noche marcada por momentos de tensión frente a la Jefatura de Policía de Rosario, el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguró que el patrullaje en la ciudad nunca se interrumpió, reconoció la legitimidad del reclamo salarial y advirtió sobre la participación de sectores desplazados de la fuerza que, según señalaron, buscan “cruzar una línea” y poner en riesgo la política de seguridad.

El conflicto interno que atraviesa parte de la policía santafesina volvió a hacerse visible en las últimas horas con protestas frente a cuarteles y dependencias oficiales, especialmente en Rosario. Las manifestaciones, impulsadas en su mayoría por familiares de efectivos y civiles, reclaman mejoras salariales, condiciones laborales más dignas y una mayor contención en materia de salud mental.

La situación se tensó durante la noche del lunes, cuando un grupo de personas se concentró en el ingreso de la Jefatura, sobre calle Ovidio Lagos. Ante el intento de bloquear la salida de patrulleros, intervinieron grupos de la fuerza para garantizar la operatividad y evitar que el servicio de seguridad se viera afectado.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron que el despliegue preventivo funcionó con normalidad durante toda la madrugada del martes. A las 6 de la mañana, unas 80 unidades policiales se encontraban en tareas operativas en Rosario, con el refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Como ejemplo de ello, se destacó un procedimiento realizado en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se secuestró un arma de fuego y se aprehendió a un menor de edad.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el salario. Según exponen los efectivos, un policía que recién ingresa a la fuerza percibe alrededor de 1.300.000 pesos mensuales, un ingreso que consideran insuficiente frente al costo de vida y que los obliga a realizar extensas jornadas adicionales. En ese marco, los bonos extraordinarios anunciados por el Gobierno, de 500.000 y 250.000 pesos, no lograron desactivar el malestar.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció que existe un reclamo legítimo por mejores condiciones laborales, pero sostuvo que la protesta fue aprovechada por sectores que ya no forman parte de la fuerza. Fuentes oficiales confirmaron que entre los manifestantes se identificaron allegados a policías desplazados por la actual gestión, algunos de ellos imputados y con prisión preventiva.

Desde el Gobierno provincial fueron contundentes al advertir que los efectivos que hayan incurrido en abandono de servicio serán sancionados administrativamente, y que además se investigan posibles ilícitos penales. “La prioridad es garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos”, señalaron.

Con el correr de la mañana de este martes, si bien persistían algunas postales del conflicto frente a la Jefatura, la circulación de móviles y el patrullaje en la ciudad se desarrollaban con normalidad.