La instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por municipios y fuerzas de seguridad para prevenir delitos y monitorear el tránsito. En San Lorenzo, la Municipalidad fue beneficiada por un convenio provincial que introdujo un nuevo sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, el cual comenzará a funcionar en los próximos días. 

En Argentina, el uso de sistemas de videovigilancia está regulado por normas que tienden a equilibrar la seguridad ciudadana con el derecho a la privacidad de las personas, ya que el sistema recopila información las 24 horas y esos datos deben ser correctamente resguardados. 

El principal marco legal es la Ley Nacional N°25.326 de Protección de Datos Personales, que establece cómo deben tratarse los datos personales. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad se considera información personal, por lo que su recolección y almacenamiento debe cumplir con determinados principios legales, como la finalidad específica, la proporcionalidad y la protección de la información.

De acuerdo con esta normativa, las cámaras pueden instalarse con objetivos legítimos, como la prevención del delito o el monitoreo de espacios públicos. No obstante, su uso debe limitarse a esos fines y no puede implicar una vigilancia indiscriminada de la población.

Uno de los requisitos fundamentales es la obligación de informar a la ciudadanía sobre la existencia de videovigilancia. Esto se realiza mediante carteles visibles que advierten que el área está siendo monitoreada, indicando además quién es el responsable del sistema y con qué finalidad se registran las imágenes.

Los sistemas de cámaras de video instalados son una medida preventiva del delito, no de vigilancia en el sentido estricto de la palabra, por lo que la identificación de tales mecanismos y que sean lo más visibles posibles para las personas contribuye a la transparencia. 

La normativa también establece límites para proteger la privacidad. Las cámaras no pueden captar el interior de viviendas u otros espacios privados sin autorización o sin una orden judicial. Además, las imágenes deben ser resguardadas con estrictas medidas de confidencialidad y solo pueden utilizarse para los fines que justificaron su registro, como investigaciones judiciales o tareas de prevención.

En los últimos años, numerosos municipios han ampliado sus centros de monitoreo urbano y la cantidad de dispositivos instalados en calles, plazas y accesos a las ciudades. Estos sistemas permiten detectar situaciones sospechosas, coordinar operativos de seguridad y aportar material probatorio en investigaciones penales.