El Gobierno nacional confirmó la vigencia de las reformas introducidas en el sistema de verificación vehicular y rechazó el reclamo presentado por entidades del sector contra los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La decisión ratifica las modificaciones aplicadas en 2025 al régimen de control técnico de los vehículos en el país.

La medida fue oficializada a través del Decreto 139/2026, publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. De esta manera, el Poder Ejecutivo desestimó el reclamo presentado contra el Decreto 196/2025, que había modificado la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449.

La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional junto con empresas y particulares que cuestionaron distintos aspectos de la reforma.

Entre los principales puntos objetados por el sector se encontraba la modificación en la periodicidad de la revisión técnica. La normativa estableció que los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera revisión a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente.

Además, los vehículos con hasta diez años de antigüedad deberán realizar el control cada dos años, ampliando así los plazos respecto del esquema previo.

Desde el Gobierno argumentaron que la medida responde a la evolución tecnológica del parque automotor. Según el decreto, la extensión de los plazos “atiende a la evolución tecnológica del parque automotor”, lo que permite espaciar los controles sin afectar la seguridad.

En el mismo sentido, el Ejecutivo sostuvo que la mayoría de los siniestros viales no se produce por fallas mecánicas, sino por factores humanos, por lo que mantener revisiones más frecuentes implicaría controlar unidades con bajo riesgo.

Otro de los puntos cuestionados por los operadores del sector fue el cambio en el régimen de habilitación de talleres. La normativa establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias para el servicio.

Desde la cámara empresaria señalaron que esta apertura podría afectar la imparcialidad del sistema al permitir que concesionarias, importadores o talleres mecánicos participen en el proceso de revisión.

Sin embargo, el Gobierno rechazó ese argumento y sostuvo que la objetividad del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos, y no mediante restricciones sobre el tipo de empresas que pueden prestar el servicio.