Siguiendo el dinero de una banda narco desbaratada en noviembre, la Justicia federal apuntó esta semana al corazón financiero de Rosario. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos ordenó una serie de allanamientos que el lunes movilizó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria por distintos domicilios del centro de la ciudad.

Todo gira en torno a Ariel Fernando Suppa, imputado por distribución mayorista de cocaína y detenido en noviembre junto a otras doce personas, en un operativo donde se incautaron 52 kilos de cocaína. La causa investiga cómo invirtió su dinero en propiedades.

El primer objetivo fue una inmobiliaria llamada JR Negocios Inmobiliarios, en Córdoba al 1400. Pero la firma había abandonado esas oficinas hace más de cinco años, así que los federales siguieron la pista hasta Grupo Roma, en avenida Carballo 186, Puerto Norte, donde se encontraba la documentación buscada. De allí se llevaron papeles y documentos de interés.

La jornada también incluyó una parada en San Lorenzo 2067, sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos. Allí, el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa que fueron secuestrados por los efectivos.

Ante el revuelo, el titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, salió a aclarar que no se trató de un allanamiento sino de una medida de presentación de documentos ordenada por el fiscal federal Juan Argibay Molina. 

Según Cofano, la empresa vendió dos lotes al imputado en 2019 con toda la documentación en regla y la trazabilidad exigida por la UIF. Además, aclaró que una supuesta venta de tres lotes adicionales nunca se concretó y que en esa operación intervino una inmobiliaria externa que no tiene relación con Grupo Roma.