Las empresas pedían un 40% pero el análisis técnico determinó un 30,57%. La suba responde al aumento del combustible, la variación del tipo de cambio y los salarios de los choferes.

La provincia de Santa Fe autorizó una actualización tarifaria para el transporte interurbano de pasajeros. Aunque las empresas del sector reclamaban un aumento del 40%, el estudio de costos realizado por la Secretaría de Transporte y Logística determinó que el porcentaje justificado era del 30,57%, y ese fue el número que finalmente se aprobó.

Los principales factores que explican la suba son el encarecimiento del combustible, la variación del tipo de cambio cercana al 20% que impacta en el mantenimiento de los vehículos, y la evolución de los salarios de los choferes. Desde el Gobierno provincial subrayaron que la decisión se tomó con el criterio de no golpear el bolsillo de los santafesinos, aunque reconocieron el contexto crítico que atraviesa el sector.

En cuanto a cuándo empieza a regir, depende de cada línea. Las empresas que todavía no tienen el sistema SUBE, por demoras en su implementación a nivel nacional, podrán aplicar el aumento desde la publicación del decreto con autorización previa. Las que sí cuentan con SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y enviarlos al sistema nacional para su validación.

Pero la novedad tarifaria no fue lo único que salió a decir el Ejecutivo provincial. Aprovechó para renovar su reclamo contra la Nación por la distribución de los fondos que se recaudan con el impuesto al combustible. Los números que aportó son contundentes: desde enero de 2024, Santa Fe aportó más de 706.000 millones de pesos por ese concepto, pero solo recibió de vuelta 133.000 millones, es decir, apenas el 19% de lo recaudado. Y nada de eso fue destinado al transporte de pasajeros, a diferencia de lo que ocurre en el AMBA, donde esos fondos sí financian el sistema.

En total, la provincia ya desembolsó con recursos propios casi 194.000 millones de pesos para sostener el transporte, incluyendo el Boleto Educativo. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo calificaron la distribución nacional como "arbitraria" y advirtieron que deja a las provincias en clara desventaja.