El Ministerio de Educación de Santa Fe emitió una alerta dirigida a toda la comunidad educativa ante la aparición de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia. El mensaje fue claro y sin rodeos: esto no es una broma ni un desafío de redes sociales, es un delito grave.

En el documento, firmado el 19 de abril en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, el Estado advierte que quien realice este tipo de amenazas, ya sea con pintadas, mensajes en redes sociales o falsas alarmas, comete el delito de intimidación pública, tipificado en el Artículo 211 del Código Penal y sancionable con prisión.

El MPA ya investiga activamente estos casos utilizando análisis de redes sociales, rastreo de IP y peritajes tecnológicos. Según anticiparon, estas investigaciones derivan rápidamente en allanamientos de domicilios y secuestro de celulares y computadoras, no solo del menor involucrado sino de toda su familia.

Pero las consecuencias no se limitan a lo penal. El Ministerio advirtió que los padres y representantes legales podrán ser demandados judicialmente para que paguen los costos operativos que genera cada amenaza: policías, brigadas tácticas, agentes de tránsito y servicios médicos movilizados ante cada alerta. El Estado provincial anticipó que irá a la Justicia civil para reclamar esa reparación económica.

El comunicado también apunta directamente al fenómeno de los retos virales en TikTok, señalando que muchos jóvenes creen que el anonimato los protege. "Lo que comienza como un reto puede terminar con un proceso penal y poniendo en riesgo los bienes de toda la familia", advirtió el Ministerio, que instó a docentes, directivos y familias a trabajar el tema con urgencia en las aulas y en los hogares.