El decreto 253 firmado por el presidente Javier Milei, que habilita la provincialización de rutas nacionales y prevé el financiamiento de obras a través de peajes, generó el rechazo inmediato de Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), quien lo calificó directamente de inconstitucional y anticipó acciones judiciales para impugnarlo.

En declaraciones a LT8, Lasca advirtió que la medida implica una multiplicación de estaciones de cobro en todo el país. "Con el nuevo plan de la Red Federal de Concesiones, sobre 9 mil kilómetros concesionados se agregaron 50 nuevas estaciones a las 40 actuales, es decir habrá un peaje cada 90 kilómetros", señaló, y graficó con ironía: "De esta forma, vamos a volver al sulky o a andar en carros".

El dirigente también cuestionó la constitucionalidad del esquema por la superposición de cobros. "Ahora salen a provincializar rutas nacionales, a las que les pondrán peajes por todos lados. Y a eso hay que sumarles las leyes que están sacando en Río Negro, Entre Ríos y otras provincias para poner peajes provinciales, como existe en Santa Fe. No hay camino alternativo, hay doble imposición. No se puede entender cómo nos esquilman de esta manera", sostuvo.

Lasca rechazó además el argumento de la falta de fondos para el mantenimiento vial. "El dinero está. Es el dinero del impuesto a los combustibles que cada gobierno desvía para cualquier fin menos para obras de infraestructura. Además hay impuestos a los neumáticos, lubricantes y retenciones agropecuarias", enumeró. 

En esa línea, defendió a la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo desmantelamiento contempla el decreto, y apuntó contra la dirigencia política: "Vialidad Nacional no es corrupta. Corruptos son los funcionarios que ponen cada gobierno a la cabeza del organismo. No es justo que le peguen a la gente de Vialidad cuando no son los responsables de que las obras no se hagan". El coordinador del Conaduv recordó además que el expresidente Carlos Menem intentó disolver el organismo en su momento y no lo logró.

Desde el Conaduv anticiparon que presentarán una acción judicial para impugnar el decreto, cuestionando la doble imposición, la falta de caminos alternativos y el traspaso de rutas que, según Lasca, son de dominio público y no pueden ser cedidas discrecionalmente. También pedirán una reunión en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa de Usuarios y Consumidores del Congreso para impulsar un debate legislativo sobre el tema.