El proyecto de reforma penal impulsado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, generó fuertes cuestionamientos en sectores judiciales, académicos y entre asociaciones de abogados, debido a los cambios que propone para ampliar facultades policiales y fiscales en la lucha contra el delito organizado.

La iniciativa, enviada el viernes a la Legislatura provincial, contempla modificaciones al Código Procesal Penal y habilita nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. Entre los puntos más debatidos aparecen la posibilidad de que la policía realice interrogatorios sin presencia obligatoria de un defensor, allanamientos sin orden judicial en determinados casos y la facultad de que fiscales dicten resoluciones sin intervención previa de un juez en delitos menores o contravenciones.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen organizado y preservar la baja de los índices de violencia registrada en Rosario y otras ciudades santafesinas durante los últimos años. En la fundamentación del proyecto, el gobierno remarcó que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir” y planteó la necesidad de equilibrar derechos individuales con herramientas más ágiles para combatir organizaciones criminales complejas.

Uno de los cambios que más polémica despertó es la reincorporación de la denominada “declaración informativa” y del interrogatorio policial inicial, figuras eliminadas en Santa Fe con la implementación del sistema acusatorio en 2014. La propuesta permitiría que efectivos policiales tomen declaraciones sin comunicación inmediata a un fiscal o abogado defensor, algo que juristas y penalistas compararon con prácticas utilizadas antes del retorno democrático.

La reforma también habilita allanamientos automáticos sin autorización judicial en situaciones vinculadas al secuestro de armas en la vía pública o delitos graves, bajo el argumento de evitar demoras que permitan ocultar pruebas o facilitar fugas.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la incorporación de herramientas de inteligencia digital y electrónica para investigaciones preventivas relacionadas con el crimen organizado. Según el texto oficial, estas medidas estarán sujetas a autorizaciones judiciales, aunque críticos de la iniciativa advirtieron sobre posibles riesgos de espionaje y vulneración de la privacidad.

Además, el Gobierno propone implementar el juicio penal en rebeldía, mecanismo mediante el cual una persona podría ser juzgada aun sin presentarse al proceso, siempre que haya sido notificada correctamente.

La iniciativa también prevé endurecer las condiciones de detención para presos acusados de ordenar delitos desde cárceles santafesinas. Entre las medidas contempladas aparecen aislamientos estrictos, limitaciones severas a las visitas presenciales y controles sobre la correspondencia.

Las críticas no tardaron en aparecer desde distintos sectores del ámbito judicial. Magistrados, defensores penales y asociaciones de abogados calificaron algunos artículos como “inconstitucionales”, “autoritarios” y “un retroceso de décadas” en materia de garantías procesales. También expresaron preocupación por el margen de discrecionalidad que podrían adquirir las fuerzas policiales.

El presidente del Colegio de Jueces de Rosario, Gustavo Salvador, manifestó la necesidad de abrir instancias de diálogo político y técnico antes de avanzar con el tratamiento legislativo. En tanto, el titular de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, sostuvo que la propuesta “aniquila principios básicos del sistema penal” y advirtió sobre posibles abusos vinculados al espionaje y a las nuevas facultades policiales.

Pese a las objeciones, el oficialismo provincial considera que el proyecto tendrá respaldo legislativo, aunque ya comenzaron negociaciones internas y sectores aliados, como el socialismo, anticiparon que podrían impulsarse modificaciones durante el debate parlamentario.