Organismos de Derechos Humanos de Rosario, junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales, expresaron un fuerte rechazo al proyecto de modificación del Código Procesal Penal presentado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Justicia y Seguridad.

A través de un comunicado conjunto, las entidades consideraron que la iniciativa representa “la profundización” de la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial en diciembre de 2023 y advirtieron que varias de las medidas propuestas implican un retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.

Entre los puntos más cuestionados mencionaron la restitución de la declaración informativa y el interrogatorio policial durante las primeras etapas de una investigación, la posibilidad de eliminar la presencia obligatoria de un defensor en ciertas declaraciones, la habilitación de allanamientos automáticos tras secuestros de armas en la vía pública y la demolición de inmuebles por orden fiscal.

Según plantearon, estas herramientas “vulneran derechos elementales” y recuerdan prácticas de épocas “donde imperaba el terrorismo de Estado”. En ese sentido, sostuvieron que el proyecto avanza sobre garantías fundamentales y habilita mecanismos que podrían derivar en abusos de poder.

Las organizaciones también manifestaron preocupación por lo que definieron como una intención de “legalizar tareas de inteligencia”, al considerar que las reformas podrían abrir la puerta al espionaje sobre ciudadanos y restringir derechos vinculados a la libre expresión y la protesta social.

“El problema de la violencia no se resuelve con más violencia”, señalaron en el documento, donde además remarcaron que la situación en los barrios más vulnerables debe abordarse atacando las causas estructurales de la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades.

En el mismo texto, cuestionaron además la construcción de la nueva cárcel provincial conocida como “El Infierno”, a la que vincularon con una política de seguridad basada en la represión y alineada con lo que definieron como una “doctrina de seguridad continental”.

“Todos somos sospechosos, pasibles de cárcel y tortura hasta demostrar inocencia”, afirmaron, al advertir sobre una supuesta inversión del principio constitucional de inocencia.

Finalmente, las organizaciones reclamaron mayores políticas públicas orientadas a la inclusión social y pidieron más presupuesto para comedores, clubes de barrio, centros culturales y programas de contención social.

El comunicado fue firmado por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario e integrado por entidades como H.I.J.O.S. Rosario, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario, APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos, entre otras organizaciones de la ciudad.