El Ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, salió a defender el nuevo paquete de leyes de seguridad que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura provincial. En una entrevista radial, el funcionario negó las críticas que tildan las reformas de inconstitucionales o totalitarias, y aseguró que buscan darle más herramientas al Estado para combatir el delito.

“Es darle más facultades al Estado en la lucha contra el delito. Nos estamos anticipando y queremos que las leyes sean distintas para que el Estado en su conjunto, la Policía, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y los jueces tengan más herramientas para funcionar de manera eficiente”, afirmó Cococcioni este martes.

¿Qué cambios propone el proyecto?

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que la Fiscalía tome una declaración informativa antes de imputar un delito, y que la Policía pueda interrogar sospechosos sin la presencia de un abogado defensor. “Contar con información en los primeros momentos de un hecho puede hacer la diferencia en el esclarecimiento oportuno. Si tenemos que esperar primero a recolectar toda la evidencia para después formalizar una atribución delictual y recién después –si está de acuerdo el imputado– escuchar si tiene algo que decir, es una fuente de información que se pierde”, explicó el ministro.

Cococcioni aclaró que el proyecto no obliga a declarar: “Si el imputado solicita un defensor la declaración se interrumpe, que es lo que ocurre en la mayoría de los países occidentales”. Para el funcionario, se busca “cortar un poco con una tolerancia extrema de querer casi obligar a la persona a que se defienda”.

Espionaje digital y allanamientos sin orden judicial

La reforma también contempla ampliar las actividades de inteligencia, incluyendo el espionaje digital y electrónico, así como el clonado de dispositivos y cuentas. “Hoy hay actividades que no están expresamente contempladas, pero que tampoco están prohibidas. Y tampoco reguladas en la cadena de responsabilidades. Lo que ahora se propone es que la ley diga: «Esto se puede y esto no»”, detalló Cococcioni.

En ciertos contextos, se permitirían allanamientos sin autorización judicial previa, una medida que ya generó fuertes críticas. El ministro sostuvo que la idea es “amplificar las facultades estatales en la lucha contra el delito, pero también regular expresamente y que sea la ley la que diga qué se puede, qué no y qué autorizaciones se requieren”.

Críticas de los penalistas

La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario ya salió al cruce. Su titular, José Nanni, calificó el proyecto como “un verdadero absurdo jurídico, de un inexplicable test de constitucionalidad y que excluye al juez de muchas decisiones”. “Aniquila años y años de historia y de evolución del derecho penal y el derecho procesal penal”, sentenció.