El Gobierno de Santa Fe informó que, desde la implementación del sistema de cobro de los costos de los operativos por amenazas falsas en escuelas, logró recuperar apenas el 7,2% del dinero reclamado a los responsables.

Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, los procedimientos realizados en distintos puntos de la provincia demandaron una inversión estimada en $139.429.864. Sin embargo, los pagos efectivamente realizados alcanzaron solo $9.824.430.

La medida comenzó a aplicarse a fines de abril, luego de una serie de amenazas que afectaron a establecimientos educativos santafesinos tras el asesinato de un adolescente dentro de una escuela de San Cristóbal, ocurrido el 30 de marzo. Durante varias semanas, las falsas alertas obligaron a evacuar edificios escolares y movilizar importantes recursos policiales, sanitarios y de emergencia.

En total, la Provincia emitió 53 intimaciones para reclamar los costos de los operativos. La mayor cantidad de casos se registró en el departamento San Lorenzo, con 10 notificaciones, seguido por Rosario con 7 y los departamentos La Capital y Las Colonias, con 6 cada uno. También hubo reclamos en Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.

Hasta el momento, solo seis sanciones fueron abonadas. Tres de ellas corresponden a casos ocurridos en San Lorenzo, donde se pagaron montos de $805.443 cada uno. En Rosario se registró un pago de $2.838.352, mientras que en la ciudad de Santa Fe se canceló una sanción por $1.009.442. El monto más elevado fue abonado en el departamento Iriondo, donde se pagaron $3.560.307.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, cuando los responsables no cumplen con el pago, interviene la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales destinadas a recuperar los fondos.

A pesar del bajo nivel de cobro, las autoridades consideran que la herramienta cumplió con su principal objetivo: reducir las amenazas falsas. Según indicaron, antes de la implementación del sistema se registraban hasta 80 denuncias por día, una cifra que cayó rápidamente a alrededor de 15 y que posteriormente se redujo a niveles mínimos.

El procedimiento se activa una vez que el Ministerio Público de la Acusación identifica al responsable de una amenaza. A partir de allí, se calcula el costo del operativo desplegado y se notifica formalmente a los adultos responsables para que afronten el monto correspondiente.

No obstante, la medida también enfrenta cuestionamientos judiciales. Algunos abogados sostienen que muchas de las conductas investigadas no encuadran en el delito de amenazas, ya que no existiría una víctima específica ni una situación concreta de intimidación. Además, plantean que el Estado no debería exigir estos pagos sin una resolución judicial firme que determine previamente la responsabilidad de los acusados.

Mientras esos planteos continúan su recorrido en los tribunales, el Gobierno provincial mantiene la estrategia de reclamar los gastos generados por los operativos y sostiene que la iniciativa permitió reducir significativamente este tipo de episodios en las escuelas santafesinas.