La Legislatura de Santa Fe tratará este jueves la suspensión por tres meses, sin goce de sueldo, de la fiscal María Verónica Ballari por su desempeño en una causa de violencia de género vinculada al femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en Rosario en febrero de 2025.

Oggero, de 32 años de edad, fue atacada a balazos el 18 de febrero del año pasado cuando salía de su vivienda en barrio Belgrano para dirigirse a trabajar al Hospital Centenario. El crimen ocurrió frente a su domicilio y generó fuertes cuestionamientos por el tratamiento judicial de las denuncias previas que había realizado contra su expareja.

Antes del homicidio, la mujer había denunciado en reiteradas oportunidades a Jonathan Oscar Omill por amenazas, agresiones físicas y otros episodios de violencia de género. Sin embargo, la imputación por esos hechos se concretó recién después del asesinato.

Tras el femicidio, Omill fue detenido y acusado por diversos delitos cometidos contra la víctima, entre ellos amenazas, lesiones, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra. En marzo de este año fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión mediante un juicio abreviado.

De acuerdo con la investigación, las denuncias realizadas por Oggero reflejaban un contexto de violencia sostenida y existía una restricción de acercamiento vigente contra el acusado. La actuación de la fiscal Ballari en esa etapa previa al crimen quedó bajo análisis y derivó en el proceso disciplinario que ahora llegará a la Legislatura.

A pesar de las sospechas y cuestionamientos planteados por la familia de la víctima, Omill no fue imputado por el femicidio, pero sí condenado a 4 años de prisión en marzo de 2026, en un procedimiento abreviado, por las múltiples imputaciones de violencia de género.

Otra línea investigativa apunta a una posible vinculación de Jésica González, expareja de Claudio “Morocho” Mansilla. Mientras tanto, la causa por el asesinato de Oggero continúa sin personas imputadas ni detenidas por el crimen.

La investigación está actualmente a cargo de la fiscal Andrea Vega, integrante de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades detrás del homicidio ocurrido hace más de un año.