La discusión por una nueva Ley de Biocombustibles volvió a instalarse en el Congreso y reavivó una histórica disputa entre las grandes empresas agroexportadoras y las pymes productoras de biodiésel. El debate gira en torno a quiénes deben abastecer el combustible renovable que se mezcla de manera obligatoria con el gasoil que se comercializa en el país.

Actualmente, el biodiésel utilizado para el denominado “corte obligatorio” es provisto por empresas que, según la legislación vigente, deben tener perfil pyme y estar vinculadas al sector agropecuario. Este esquema fue establecido en la ley original de 2006 y ratificado en la actualización aprobada en 2021, excluyendo a las grandes aceiteras exportadoras del mercado interno.

Sin embargo, las principales compañías del complejo agroindustrial buscan modificar esa situación. En el marco del proyecto de reforma impulsado por el Gobierno nacional, que cuenta con la firma de la ministra Patricia Bullrich, las agroexportadoras reclaman una apertura del mercado para poder competir también en el abastecimiento del corte obligatorio.

El planteo responde a que muchas de estas empresas realizaron importantes inversiones en plantas de biodiésel destinadas originalmente a la exportación. No obstante, las restricciones comerciales y las acusaciones de dumping en distintos mercados internacionales redujeron significativamente esas oportunidades de negocio, dejando parte de la capacidad instalada sin utilizar.

En ese contexto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) manifestaron públicamente su respaldo a la iniciativa oficial y cuestionaron el funcionamiento del esquema actual.

Según datos difundidos por la entidad, la Argentina produce cerca de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja por año, mientras que las plantas pymes de biodiésel consumen alrededor de 650 mil toneladas anuales para abastecer el mercado interno. Desde Ciara-CEC sostienen que esa demanda representa apenas un mes y medio de producción nacional de aceite de soja.

Además, señalaron que existen 28 plantas de biodiésel que no cuentan con instalaciones propias para producir aceite, mientras que en el país funcionan 358 plantas dedicadas a la elaboración de este insumo distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada que, según afirman, permanece excluida del negocio del corte obligatorio.

Las declaraciones profundizan un enfrentamiento de larga data entre ambos sectores. Mientras las grandes agroexportadoras reclaman una mayor apertura y competencia, las pymes sostienen que la normativa vigente permitió desarrollar una industria nacional específica y preservar un espacio productivo que, de otro modo, quedaría dominado por los principales actores del complejo exportador. El debate ahora continuará en el Senado, donde comenzará a definirse el futuro del régimen de biocombustibles en Argentina.