La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena recibió duras críticas por parte del gobierno provincial luego de haber decretado la nulidad de un allanamiento tras una balacera en Rosario, donde había quedado detenido un menor de edad. 

La magistrada de Menores, oriunda de la ciudad de San Lorenzo, no cuestionó la investigación pero sí atacó el criterio de la urgencia que utilizado para allanar una vivienda. 

El hecho tuvo lugar el 19 de junio en la zona sur de Rosario, cuando dos personas protagonizaron una balacera contra un inmueble ubicado en Entre Ríos al 6200. Los sospechosos fueron detectados por el sistema de cámaras de videovigilancia Lince, por lo que horas más tarde se realizó un allanamiento sin orden judicial debido a que tomaron como validez la “flagrancia” establecida por las imágenes digitales adquiridas.

La postura de la magistrada es una crítica a lo que ya puertas adentro la Justicia viene manifestando contra dos políticas trascendentales en materia de seguridad de la gestión de Pullaro: la ley de microtráfico y las pruebas obtenidas por las cámaras de seguridad. 

La vocera provincial, Virginia Cuodannes, criticó a la jueza este jueves: “El gobernador Maximiliano Pullaro sostiene que el que las hace, las paga", parafraseando a una de las mentoras políticas del gobernador, la senadora por Buenos Aires Patricia Bullrich. 

El eje, en este caso, es la discusión sobre qué se considera flagrancia. Originalmente, el acto flagrante se consideraba a partir del momento en que el infractor estaba en pleno acto ilegal o en el acto inmediato siguiente, por ejemplo al entrar en algún lugar luego del hecho delictivo. Pero ahora una modificación pedida por Pullaro y aceptada por la Legislatura considera también que es flagrante un hecho cuando el infractor “fuera perseguido o aparezca en un registro audiovisual inmediatamente después de su comisión”.