El Senado santafesino aprobó un régimen de licencias para abogados y procuradores
La iniciativa obtuvo sanción definitiva y establece mecanismos para que los profesionales puedan solicitar licencias ante determinadas situaciones personales sin afectar el normal desarrollo de los procesos judiciales y administrativos.
La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó con sanción definitiva una ley que establece un régimen de licencias para abogados y abogadas, procuradores y procuradoras que desarrollan su actividad profesional en procesos administrativos y judiciales dentro de la provincia.
La norma busca contemplar distintas situaciones personales que puedan atravesar los profesionales y establecer mecanismos para compatibilizar esas circunstancias con la continuidad de los procesos, con reglas específicas sobre los plazos y las situaciones que habilitan la solicitud de una licencia.
Durante el tratamiento, el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, destacó el consenso alcanzado entre los legisladores y sostuvo que la iniciativa busca poner en igualdad de condiciones a los abogados y abogadas con otros trabajadores, al reconocer su derecho a acceder a licencias ante determinadas circunstancias personales.
Garibaldi también consideró que la nueva normativa puede contribuir al funcionamiento del sistema judicial y al acceso a la Justicia, al establecer con mayor claridad cómo deben abordarse estas situaciones y cuáles son los plazos correspondientes.
El senador Rubén Pirola también respaldó la iniciativa y sostuvo que representa una herramienta destinada a “humanizar” la labor cotidiana de los profesionales de la abogacía. En ese sentido, señaló que contemplar la dimensión personal de quienes trabajan en el sistema judicial también puede contribuir a mejorar su eficacia y funcionamiento.
La presidenta del Colegio de Abogados de Santa Fe, Balbina Cavalieri, estuvo presente durante la sesión y agradeció a los legisladores por la aprobación. Según destacó, la sanción representa el cumplimiento de uno de los objetivos impulsados por la institución. También participó la diputada Gisel Mahmud, autora del proyecto que había obtenido su aprobación inicial en la Cámara de Diputados.
Finalmente, Felipe Michlig calificó la sanción como “un acto de estricta justicia” y destacó que el nuevo régimen permite establecer condiciones de mayor igualdad para los profesionales de la abogacía que ejercen su actividad en la provincia.
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